A través del devenir humano ha habido la tendencia a establecer “números mágicos” que encierran en sus peculiaridades paralelos que se proyectan hacia el entorno; uno de ellos es el tres, bendecido por la Santísima Trinidad, arqueológicamente perpetuado en las pirámides y hecho volumen en la capacidad cúbica. Sin embargo, en esta verde hoja que en estos tiempos flota en el Caribe hay tres cosas que lastiman la Fe, la Historia y la Ciencia.
No importa el orden en que valoremos estos tres elementos, los hechos los han unido y aislados o en triste trío ¡duelen!, mas veámoslos en algún orden.
El primero de estos asuntos encierra en su presentación la amarga concepción de que ha sido concebido de manera tal que, adornado con innegables factores positivos que vale la pena asumir encierra otros que desacreditan la buena intención.
Si es cierto que la familia es “la célula fundamental de la sociedad” es amargo que se le quiera «pluralizar» sabiendo que tarde o temprano esa «variedad» implicará una diferenciación y habrá —derivado del uso y el tiempo— algunas familias que serán más «familia» que otras y, lo que es peor, ese nexo que hoy la une y que se dice que se quiere ampliar quedará dependiendo del gusto y la conveniencia y no de los innegables factores genéticos y culturales.
La Constitución reconoce derechos, cierto, pero se contradice cuando se subordina a un único grupo político (Artículo 5), por encima de ella incluso, y la libertad de pensamiento y expresión del mismo son limitadas por el aparato de ese grupo político y su fusión Gobierno/Estado. Esa discriminación es mayor y mucho más lesiva que la que pueda ejercerse por conceptos de raza, o inclinación sexual, pues bastaría que alguien discrepe políticamente para que sea sancionado sin que importe su raza o expresión sexual.
El concepto “discriminación” no puede ser limitado a deseos incumplidos por causas biológicas o capacidades personales; es preciso que se asuma de una vez que un decreto o ley no puede eliminar lo que el ADN tiene establecido y no tergiversar el proceder social derivado de aislamientos y sectorizaciones muchas veces autocreadas para tratar de alcanzar lo que es evidente que no se puede alcanzar. Pretender emplear avances científicos en sueños fantásticos sólo acarreará más gastos en una economía diezmada y disgustos en un conglomerado social muy golpeado por aseveraciones frustradas.
De igual modo eliminar concepciones sobre cuya base se ha establecido no solo una identidad nacional sino un concepto cultural que integra un corpus jurídico internacional propio de muchas naciones y fundamentado en un quehacer social y cívico aceptado casi por la totalidad en aras de una socorrida «modernidad» no beneficia a nadie, salvo que el Estado que lo aplique pretenda levantar sobre esa «novedosa conquista» un proceder jurídico dirigido a coartar el afán renovador de las nuevas generaciones.
Conceptos como “patria potestad” y “responsabilidad parental” no son equivalentes ni complementarios, son excluyentes; el más básico conocimiento de la Psicología indica que los criterios de autonomía, responsabilidad, integridad, pertenencia, etc., no se adquieren al mismo tiempo y mucho menos en las edades tempranas de la vida y que “patria potestad” es mucho más que el manipulado y absurdo argumento de considerar a los hijos «propiedad de los padres»; objetiva y civilmente visto es la capacidad y el deber que tienen los padres de guiar y controlar la formación ciudadana de sus hijos hasta el momento en que estos, por su propio esfuerzo y dominio de sus capacidades, pueden ser considerados responsables de sus actos de acuerdo con el criterio de “mayoría de edad”. Soslayar esa responsabilidad es un subterfugio para que el Estado, a través de sus organismos y organizaciones, lance a jóvenes y adolescentes por las sendas que le convengan.
Es cierto que el proyecto de nuevo Código de la Familia contiene innegables aportes y deseables procederes, pero… utilizar esos méritos como coyunda para aplicar otros que no son aceptables por la población ¡hiere! Si se quiere ser, no ya democrático, sino tan solo consecuente con un criterio de consulta popular preséntese como un conjunto de temas que serán votados por partes para realmente conocer la voluntad de todos. Hacerlo de otra forma es, por no decirlo de otra manera, una manipulación.
Y por aquí entronca el segundo asunto de nuestra trilogía del dolor; si decimos acudir a la voluntad popular como fundamento del quehacer gubernamental, no puede entenderse que algo tan serio y necesario de consenso como un Código Penal sea establecido simplemente sobre el criterio de una comisión integrada por funcionarios estatales por muy capacitados que puedan estar.
Renovar el Código vigente —suficientemente radical— por otro que incrementa notablemente las cuantías de las sanciones e incluso reanima una pena de muerte que había sido soslayada en numerosas ocasiones a tenor de una tendencia internacional que va siendo respaldada por la mayoría de los países, pudiera asumirse como una “necesidad histórica” si en lugar de enfrentar a los miembros de la Asamblea Nacional a un texto ya definido que busca tan solo las manos alzadas de los presentes, se hubiera derivado de un análisis y un criterio popular que pasara primero por quienes lo van a VIVIR con sus respetos y desacatos, con el juicio constructivo de quienes tienen en cuenta los por qué y cómo de esos desacatos que merecen sanción pero, por encima de todo, requieren mesura y no incrementos escarmentadores que, lastimosamente, se vinculan con la primera situación comentada a través de esa “responsabilidad parental” que conlleva abrir el camino para hacer sujeto sancionable con fuertes penas a aquellos que la anulación de la “patria potestad” dejó sin cobertura.
Los que se gradúan de Derecho en nuestras universidades y sobre todo aquellos que conformaron el Código Penal en vísperas de aprobación, deben haber estudiado una materia llamada Derecho Romano que aún es fundamento de casi todas las legislaciones en el mundo; en ella aparece un principio que ha de sostener todo código penal: “Salus Populi Suprema Lex«, frase latina que significa: «Que el bienestar del pueblo sea la ley suprema»; más allá de cualquier intento de argumentar que el próximo código lo persigue a partir de «fortalecer» las medidas contra quienes «alteren la tranquilidad ciudadana y atenten contra los bienes de la Nación», lo cierto es que la ampliación de las sanciones no beneficia al pueblo y resulta un ensañamiento que se contradice con las expresiones referidas a establecer un “Estado socialista de derecho”. El fantasma de los sucesos del 11 de julio y el 15 de noviembre no puede convertirse en verdugo.
Obviamente, y ante la inminencia de la aprobación «unánime» de tales textos, a los que se suma la profunda crisis económica del país en la que incide que entre enero y septiembre de 2021, se invirtió el 42,3% del dinero público en la construcción de hoteles para inseguros turistas futuros, mientras que a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura se destinó solo el 3.3%, a la construcción el 2%, a la educación el 0.5% y a la salud el 1% —de acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por la ONEI— resulta comprensible que en estos momentos estemos enfrentando el tercer problema que en estos días asumimos y para el cual, dada su magnitud, nos atrevemos a crear una palabra demorragia a partir del concepto demos como población de un Estado y el también término tomado del griego antiguo rrhagia, rhage, que indica un anormal o excesivo flujo o descarga de algún fluido por ruptura, con el que queremos referirnos a la grave situación que se enfrenta con la migración principalmente de nuestros jóvenes.
Si un colectivo humano siente como sus planes para crear una familia fundamentada en conceptos bioéticos históricamente definidos son «cambiados» advierte que quieren «convencerlo», con medidas indudablemente positivas pero que en realidad calzan otras que no son nada agradables, en aras de una supuesta «modernidad» y sabe que ese propósito será aceptado por la Asamblea Nacional aunque muchos no estén de acuerdo. Si, además, a pesar de que la Constitución acoge el derecho a protestar pero quienes lo hacen reciben las sanciones de una Ley incrementada para que sirva de escarmiento a quienes piensen repetir el intento y encima la situación económica es cada vez peor a través de 60 años, no es necesario cursar estudios superiores para entender por qué entiende que “hay que tomar el camino del pueblo hebreo” y, tal como hizo Heredia hace casi dos siglos, soñar con palmas “¡ay!, las palmas deliciosas,/ que en las llanuras de mi ardiente patria/ nacen del sol a la sonrisa, crecen,/ y al soplo de la brisa del océano/ bajo un cielo purísimo se mecen?”, en los márgenes turbulentos de un enorme caudal de agua.
Es indudable que el llevado y traído Bloqueo es causa de muchos males y carencias, pero… ¡la adopción de medidas como las mencionadas no tiene nada que ver con el Bloqueo!
25 de marzo de 2022,
Solemnidad de la Anunciación del Señor
